Las penas -por asesinatos, secuestros,
torturas, allanamientos ilegales y robos con armas-, fueron las siguientes:
- Santiago Omar Riveros, prisión perpetua
- Reynaldo Benito Bignone, prisión perpetua
- Luis Sadí Pepa, prisión perpetua
- Eugenio Guarañabens Perelló, 16 años
- Julio San Román, 20 años
- Hugo Miguel Castagno Monge, 20 años
- Eduardo Corrado, prisión perpetua
- Carlos Macedra, prisión perpetua
- Carlos Eduardo José Somoza, 25 años de
prisión
En tanto, los apropiadores de la nieta
Catalina de Sanctis Ovando, Carlos del Señor Garzón y María Francisca Morillo,
recibieron condenas de 15 y 12 respectivamente.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de San
Martín, integrado por los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel
Petrone (estos dos últimos subrogantes), dieron a conocer el veredicto pasadas
las 14 ante una sala que desbordó de público, al igual que la sala de video
mientras cientos de personas siguieron la audiencia desde la calle.
El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos
en Campo de Mayo abarcó a veintitrés víctimas -entre ellas siete mujeres
embarazadas-, y la causa por la apropiación de Laura Catalina de Sanctis
Ovando, nieta restituida en 2008.
Los siete casos de mujeres embarazadas
desaparecidas junto con sus parejas o compañeros de militancia fueron éstos:
Marta Graciela Álvarez, Ana María Lanzilotto, María Eva Duarte, Isabel Acuña,
Miryam Ovando, Susana Stritzler y Beatriz Recchia.
Las demás víctimas de ese centro clandestino,
la mayor guarnición militar del país, fueron Francisco Tiseira, Julio Visuara,
Norma Argentina Benavides, Francisco Hugo Mena, Domingo Menna, Alberto Samuel
Aranda, Oscar Gutiérrez Sesarego, Raúl De Sanctis, Roberto Ardito, Atlántida
Coma, Nélida Beatriz Ardito, Inés Tessio (liberada), Florencia Villagra,
Gustavo Cabezas, Antonio Domingo García y Juliana Inés García (liberada).
En esta causa actuaron como querellantes
Abuelas de Plaza de Mayo, Laura Catalina de Sanctis Ovando y Juliana García,
representadas por los abogados Alan Iud, Mariano Gaitán y Florencia Sotelo; así
como también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Asociación de
ex Detenidos Desaparecidos y otras querellas particulares.
Una vez dictado el veredicto, la actividad se
trasladó a la Plaza Central de San Martín, donde la coordinadora Juicio de
Campo de Mayo, que nuclea a la Dirección de Derechos humanos de San Martín,
varias comisiones de Memoria Verdad y Justicia, sindicatos y organismos de
derechos humanos, celebraron la sentencia junto a bandas musicales.
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